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enero 27, 2022
La Sección Sindical de USOCV desde comienzos de la pandemia ha instado al Ayuntamiento de Xàtiva en Mesa General de Negociación a que establezca un protocolo que garantice, tanto los derechos de los trabajadores como de la propia administración para hacer frente al Covid-19.
Desde primer momento la administración se ha negado, tanto a la realización de ese protocolo como a la adhesión a alguno de los ya establecidos en el marco de la administración, tanto local como autonómica; las propuestas han sido, el utilizado por el ayuntamiento de Valencia, el utilizado por el ayuntamiento de Ontinyent o el propuesto por Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, Decreto 49/2021 de 1 de abril; hechos que pueden constatarse en las actas de las sucesivas mesas de negociación convocadas por la administración para cumplimiento del guión exigido por ley y no con la voluntad de Negociación indicado en el apartado b) del artículo 15 del TREBEP RD. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el que se indica que: “Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo”. Porque no nos engañemos, el ayuntamiento de Xàtiva desde que comenzó esta legislatura ha tirado para atrás cualquier propuesta surgida desde la sección sindical, actuando siempre de forma dictatorial; situación avalada según la propia administración por el artículo 4 de la LBRL Ley 7/1985, de 2 de abril, pero contradiciendo el artículo 37 del TREBEP RD. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el que se indica que: “Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto”. Y efectivamente tanto en el caso del teletrabajo como en otras muchas decisiones tomadas mediante Decretos de Alcaldía, se está repercutiendo sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Xàtiva.
Desde USOCV reclamamos al Ayuntamiento de Xàtiva la reducción del número de personas trabajadoras presentes en espacios comunes de trabajo a través de que se instaure el teletrabajo, como opción a determinar por el propio trabajador y no por la decisión de los jefes de servicio ante la sexta ola de la covid-19 y a que se determinen las condiciones en las que se ha de realizar el teletrabajo (seguimiento del mismo, medios informáticos o prestaciones económicas compensatorias para los que utilizan equipo propio) inexistentes a fecha de hoy.
Desde USOCV entendemos que las administraciones públicas deben reaccionar con urgencia ante los nuevos datos estableciendo más medidas de prevención y protección de la salud en los centros de trabajo dependientes de ellas. El Ayuntamiento de Xàtiva debe reaccionar, asumiendo su obligación de proteger a los trabajadores y trabajadoras, a sus familias y, por ende, a una buena parte de la sociedad de Xàtiva, de un riesgo de contagio originado en el puesto de trabajo, en locales masificados que no fueron diseñados para luchar contra epidemias, riesgo al que se suma el derivado de su traslado al centro de trabajo en transporte público o trenes atestados.
USOCV denuncia que el Ayuntamiento de Xàtiva esta utilizando de forma torticera la opción de teletrabajo, notificada según correo electrónico en la que se insta a solicitar teletrabajo por contacto estrecho con un caso confirmado de COVID, sin regular las condiciones del mismo y sin dar la posibilidad de elección de esta modalidad de trabajo a otros compañeros en los que la situación del puesto de trabajo facilita la transmisión el virus.
Los nefastos números provocados en las diversas olas solo se han controlado con medidas de prevención, y la falta de estas medidas ha desembocado en contagios, incapacidades, hospitalizaciones, ingresos en UCI y, desgraciadamente, también en muertes, y, finalmente, en medidas tardías y drásticas que dañan la economía y la vida de las personas aún más.