En primer lugar hay que aclarar que la lengua valenciana forma parte del patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana, y como tal debe ser respetada, valorada y promovida, pero su promoción debe hacerse sin perjudicar a ningún sector profesional ni a ningún colectivo de la población.

El Decreto del Plurilingüismo, obligaba a los colegios concertados, para competir con éxito, a elegir los niveles avanzados del plurilingüismo, para garantizar las certificaciones de ingles a sus alumnos, pero esto, a su vez obligaba a los colegios a impartir casi en su totalidad el curso en lengua valenciana, lo que forzaba a tener profesores que dominaran a la perfección, hablado y escrito, tanto el inglés como el valenciano, cuando hasta ahora no se les exigía el dominio de estas dos lenguas.

Por ello, la nueva situación creada en los colegios que habían optado por el nivel avanzado, constituía un peligro mayúsculo para el profesorado que no tenia las titulaciones idóneas para impartir lengua valenciana y lengua inglesa, con el grado necesario para garantizar la docencia y el dominio de estas lenguas por parte del alumnado al acabar el curso.

Esta situación hubiera producido una ola de despidos de profesores en la concertada, ya que los colegios hubieran podido invocar causas objetivas para proceder a los despidos.

También el profesorado de enseñanza pública se ve afectado negativamente, porque la eliminación de la doble línea en valenciano y castellano supone reducción de puestos de trabajo y en cualquier caso reducción de horas de trabajo.  Cuando en un centro educativo no haya profesores en su plantilla que estén capacitados para cubrir las nuevas necesidades del modelo lingüístico que haya elegido ese centro, serán suprimibles esas plazas que no puedan ser inmediatamente aplicadas al centro y serán objeto de traslado de destino, modificándose así sus condiciones de trabajo.

Y todo esto precisamente es lo que USOCV ha pretendido evitar con la impugnación y suspensión del DECRETO.

USOCV, además la petición de suspensión cautelar del Decreto, presentó también un recurso ordinario, solicitando la nulidad de diversos apartados del Decreto que incorporan un desequilibrio de las horas de impartición del valenciano en perjuicio del castellano, para que el castellano se mantenga en proporciones adecuadas.

Este recurso está todavía pendiente de resolverse en el Tribunal Superior de Justicia.