Tras la celebración de su I Congreso, que ha tenido lugar los días 3 y 4 de noviembre, se ha constituido la Federación de Servicios de la Unión Sindical Obrera (USO), completándose así el proceso de reorganización de sindicato estatal, con una estructura federal compuesta por cinco Federaciones Profesionales.

El 96,24% de los congresistas reunidos en Madrid han elegido a Pedro Ríos como su secretario general para los próximos cuatro años. Ríos ha destacado en su discurso que “por delante tenemos el reto de construir y consolidar esta Federación, compleja por la variedad y cantidad de sectores que la engloban, lo que va a requerir el esfuerzo y la constancia de todos y cada uno de nosotros”.

A lo largo de dos días de intenso trabajo interno, se ha acordado la puesta en marcha de un ambicioso programa de acción reivindicativa que apuesta por fortalecer la negociación colectiva de los distintos sectores que conforman Servicios con el objetivo de conseguir mejoras sociales y laborales para los trabajadores y las trabajadoras del sector servicios. Además, la Federación de Servicios se ha marcado como prioridades en la negociación, la implantación de medidas para mejorar la salud laboral en los centros de trabajo y de realizar planes de igualdad en las empresas con más de 100 trabajadores, así como establecer medidas de discriminación positiva y de fomento de la corresponsabilidad.

Asimismo, se ha aprobado el proceso de organización propio de la Federación a través de sectores profesionales y la constitución de Secciones Sindicales.

Por una contratación pública socialmente responsable
La Federación de Servicios de USO ha aprobado dos resoluciones especiales en las que se insta a las Administraciones a que promuevan una contratación pública socialmente responsable, para lo que se propone suprimir de la Ley de Contratos del Sector Público el precio como único criterio a considerar en los procesos, reducir el porcentaje que supone éste en la valoración y excluir de la adjudicación a cualquier empresa sancionada por incumplimiento administrativo o inmersa en proceso penal por delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.