La Unión Sindical Obrera exige, en la jornada en que las marchas por las pensiones dignas, convocadas por CCOO y UGT, llegan a Madrid, la derogación de la reforma de las pensiones aprobada en 2011. USO no ha secundado las marchas iniciadas el pasado 30 de septiembre porque “entendemos que la movilización por la defensa del sistema público de pensiones debe hacerse desde el consenso, la unidad de acción y la coherencia, por lo que no respaldamos una movilización que no pida la derogación de la reforma  de las pensiones de 2011 que es responsable, junto con una mala gestión del sistema y la mala calidad en el empleo, de esta situación que hace peligrar las pensiones presentes y futuras”, ha puntualizado Sara García, secretaria de Acción Sindical e Igualdad de USO.

En esta convocatoria, CCOO y UGT  piden la derogación de la reforma de 2013, pero desde USO defendemos que se ha de exigir la reforma de las pensiones de 2011, una ley que se fraguó con un pacto de social entre el gobierno de Zapatero, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, así como las leyes que la desarrollan.

“Recordemos que la ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que entró en vigor en 2013, elevó la edad de jubilación a los 67 años e introdujo las claves de la modificación de la revalorización de las pensiones. Contra esta ley USO llevó a cabo una potente campaña para intentar parar su aprobación y convocó una movilización del sindicalismo independiente que culminó con una gran manifestación ante el Congreso de los Diputados el 29 de junio de 2011. Uno de los puntos más agresivos y que más ha afectado al poder adquisitivo de los y las pensionistas es el factor de sostenibilidad, introducido en la reforma de las pensiones de 2011 en una nueva disposición adicional y que fue desarrollado en 2013 en la Ley 23/2013 de 23 de diciembre”, concreta García.

USO manifiesta su compromiso con la defensa del sistema público de protección social, plantando cara desde 2011 a la reforma de las pensiones y también, desde 2013, como miembro de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), a través de la que las más de 300 organizaciones que la componemos promovemos una reforma que blinde las pensiones en la Constitución, “para que sea obligación y mandato constitucional inexcusable para los poderes públicos, la prohibición de cualquier tipo de privatización y el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones”, apunta la Secretaria de Acción Sindical e Igualdad de USO.

La mala gestión económica del Gobierno de Zapatero, que no fue capaz de prever la crisis ni de tomar medidas oportunas, junto con las brutales políticas de recortes y austericidio ejercidas por el Gobierno de Rajoy, han incidido en el recorte del sistema de pensiones. “El principal factor de sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones es el empleo, el empleo estable, que  garantiza los ingresos al sistema. Este es el factor que hay que implementar y hacia el que hay que dirigir todos los esfuerzos”, reivindica García.